Con un desfasaje del 50% en los aranceles

Mariel Chapero, la Vicepresidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad explica la situación del sector y el atraso arancelario en el se encuentran.

Apridis - Discapacidad

Entre los sectores afectados por el aislamiento está el que incluye a las personas con discapacidad, sector para el que los últimos años fueron difíciles. En 2016, por ejemplo, el gobierno nacional encabezado por el entonces Presidente Mauricio Macri decidió dar de baja lo que se calcula en más de 50 mil pensiones no contributivas, algo que fue declarado inconstitucional en 2019 y que el gobierno actual está obligado a restituir con retroactividad.

Además, según cuenta Mariel Chapero, la Vicepresidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (APRIDIS), los prestadores están con un desfasaje del 50% en sus aranceles y si bien se reactivaron los pago del programa Incluir Salud todavía se mantienen deudas del año 2019. “En esta circunstancia [de aislamiento] estamos lejos de solicitar un reclamo por actualización de aranceles porque entendemos que es un logro poder cobrar nuestro trabajo pero la situación de precarización es cada vez mayor. En 2019 tuvimos un aumento de alrededor del 20% y una inflación de más del 50%”. De todas maneras fue bien recibida la actitud del Director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Expósito, de recibir en enero a los representantes de los prestadores.

– ¿Cómo están trabajando las instituciones en este momento particular?

Estamos acompañando a distancia – contesta Chapero – las instituciones que dan alimentación están haciendo reparto en coordinación con los transportes. Hemos adaptado la atención como hicieron los profesionales de salud y educación, con actividades a distancia. Estamos en permanente comunicación, los profesionales hacen atención virtual. Un trabajo de mucha contención, se está trabajando con mucho compromiso y muy seriamente pero hemos tenido pujas en relación al reconocimiento económico de esta labor. 

Chapero cuenta que desde el primer momento de la pandemia la Agencia Nacional de Discapacidad garantizó a través del programa Incluir Salud el pago a prestadores pero la Superintendencia de Servicios de Salud, que regula las prepagas y Obras Sociales, recién se expidió el 10 de abril, es decir 20 días después del inicio del aislamiento, autorizando las prestaciones pero a un 50% de su valor y no reconociendo el transporte. Finalmente esa resolución fue corregida y el Directorio del Sistema de Prestaciones Basicas de Atencion Integral a Favor de las Personas con Discapacidad (que incluye a diferentes sectores, agencias y programas) decidió, con una nueva resolución, que se garantice las prestaciones y se justifique que fueron realizadas, retroactivamente.

En medio de todo eso la provincia de Santa Fe publicó un protocolo de salidas para personas con discapacidad, enriquecido por los aportes de todos los sectores y está trabajando en otro para las personas con discapacidad y que además tengan coronavirus. 

Pero más allá de la buena disposición de los funcionarios la Vicepresidenta de APRIDIS explica recalca lo sensible de la situación social y económica: “hay personas que no pueden trabajar por el aislamiento y necesitan ayuda ya que están viviendo solamente con la pensión de discapacidad que tiene su familiar”.


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